Los aprietes a periodistas, las amenazas a trabajadores, los secuestros a delegados gremiales, los insultos y agravios que son una constante de Nora De Lucía se empiezan a caer. La funcionaria que sería orgullo de la gestión de Videla y Massera tarde o temprano será recordada como un personaje siniestro que le causó un enorme daño al sistema educativo bonaerense. Uno de sus mayores logros había sido la persecución sistemática de todo aquel piense distinto pero la judicialización de lo que debiera ser un legítimo derecho empieza a demostrar que la política autoritaria y patotera de la señora Nora De Lucía tiene certificado de vencimiento. Las alianzas de Scioli con el diario más importante de La Plata no pudieron ocultar las aberraciones que cometió esta patética funcionaria y algún día cuando la Justicia sea realmente independiente esta señora tendrá que dar explicaciones de sus arbitrarias decisiones políticas y económicas.
Marcelo Ardetti, hijo de desaparecidos, detenido por policías de civil al mando de De Lucía
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Piden sobreseimiento de los seis empleados de la DGCyE
Lo solicitó la fiscal del caso para seis empleados de la Dirección General de Escuelas bonaerenses con sede en La Plata
La fiscal Betina Lacki (nueva titular de la Unidad Funcional de Instrucción UFI 2 de La Plata) solicitó el sobreseimiento de los seis empleados de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que habían sido detenidos y procesados por el fiscal Tomas Moran, confirmaron desde el fuero Penal de La Plata a Tinta Judicial.
Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Abalos, Miguel Ciappina, Marcelo Ardetti y Giselle Mendoza fueron acusados de “coacción agravada” en el marco de una protesta gremial dentro de la cartera educativa en octubre de 2012.
Meses después de la denuncia, los primeros cinco mencionados, fueron detenidos, La captura de uno de ellos quedó registrada en un video que rápidamente se expandió por las redes sociales. En las imágenes se ve a personal policial actuando de civil, armado, y en autos sin identificación.
La orden de detención fue librada por el juez de Garantías, César Melazo, por pedido del fiscal Tomás Morán, quien interviene en la causa iniciada por los incidentes ocurridos en la sede de la Dirección General de Cultura y Educación el 31 de octubre de 2012. Ese día, un grupo de trabajadores de ATE irrumpió en el edificio de la cartera educativa con intención de llegar al despacho de la ministra de Educación, Nora de Lucía, y le exigió, con insultos y a los empujones, al subsecretario de Recursos Humanos, Claudio Crissio, que firmara un acta donde se comprometía a pagar horas extras y viáticos que habían sido recortados. A finales de septiembre, por el mismo reclamo, la sede de Educación había permanecido tomada por diez días. Al día siguiente de la irrupción en el edificio, la propia De Lucía radicó una denuncia en el fuero penal platense para denunciar el ataque.
En la resolución, la fiscal Lacki concluyó: “Que de una lectura pormenorizada de la presente surge que los hechos acontecidos el día 31 de octubre de 2012, tuvieron lugar en el marco de un conflicto gremial relacionado con una negociación salarial….”. El pedido de sobreseimiento debe ser analizado por el juez de Garantías del caso, César Melazo.
Voces
Desde la Asociación Trabajadores del Estado celebraron el pedido de sobreseimiento. El secretario general, Oscar de Isasi, dijo que “el pedido de sobreseimiento de los compañeros, por parte de la fiscal de la causa, es una gran alegría y muestra como la lucha de la organización sindical junto a los trabajadores se traduce en justicia”
“Esta decisión es una gran triunfo claro de la lucha de los trabajadores y la organización sindical, mas cuando se ve el recorrido encarado desde el poder, de enmascarar la pelea legítima contra el ajuste bajo una acción casi delictiva. Esperamos que el juez falle en consonancia del pedido de la fiscal y valoramos al conjunto de la militancia del gremio que actuó rápidamente, en el marco de un Paro provincial, para liberar a los compañeros cuando estuvieron detenidos”, dijo el principal dirigente de ATE y secretario general de la CTA Buenos Aires. Y agregó que “Siempre estuvimos al frente de los trabajadores procesados, porque sabíamos que lejos de ser una patota es un grupo de dirigentes que protagonizó la lucha contra la reducción salarial en la Dirección General de Escuelas”.
De Isasi opinó que con este pedido “se empieza a hacer justicia, porque está quedando demostrado que lo que el poder quería llamar coacción agravada era ejercer el legitimo derecho de huelga y una negociación sindical que terminó con un acta”.
Manifestando finalmente que: “Si no hubiera habido una respuesta contundente con el gremio, encabezando la respuesta de lucha y movilizaciones, cuando el poder político virtualmente secuestró a los compañeros y si no se hubiera intervenido jurídicamente en profundidad, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Está claro que la movilización, protagonizada por ATE y rodeada de la solidaridad de todos los sectores populares lograron que hoy tengamos el pedido de sobreseimiento que esperamos que en breve ratifique el juez”.
La estrategia jurídica
Marcelo Ponce Núñez, director el equipo jurídico de ATE consideró que el pedido de sobreseimiento está confirmando que “el derecho de reclamar a las autoridades y hacerlo públicamente, no constituye ningún tipo de delito, sino simplemente la expresión de una petición desde los trabajadores en pro de mejorar sus condiciones laborales. La fiscal que interviene en la causa así lo ha reconocido al momento de plantear el sobreseimiento de todos los compañeros implicados en aquella investigación penal”.
La investigación se inicio a propuesta del fiscal Marcelo Romero, luego que tomara declaraciones a varios funcionarios en el marco de otra investigación donde se pretende dilucidar actos de corrupción dentro de la Dirección General de Escuelas y que tiene que ver con pagos de sobresueldos, “ñoquis” y horas extras.
Fuente: Tinta Judicial
