Martes 31/3 - 12hs – Fiscalía (Calle 54 e/6 y 7)
Este martes 31 de marzo a las 12hs en la puerta de la Fiscalía de 54
entre 6 y 7, integrantes del Colectivo de Abogado/as Populares La Ciega junto a
la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación (AFAVI) y a la Asamblea
Barrial Castelli-Martín, a quienes patrocinan, presentarán un pedido de
declaración indagatoria para el Gobernador Daniel Scioli, el Intendente
platense Pablo Bruera, y cinco altos funcionarios de la Provincia y del
Municipio.
A todos ellos se los considera penalmente responsables de los hechos
ocurridos 2 y 3 de abril de 2013. Esta presentación se realiza en la causa
principal (IPP 13275/13), a cargo del Juez Guillermo Atencio (juzgado de
Garantías N°1), que instruye el fiscal Jorge Paolini (UFI N°8).
Además del Gobernador y el Intendente, se realizará un pedido de
declaración indagatoria para el Ministro de Infraestructura de la Provincia,
Alejandro Arlía; el ahora Ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal (en
aquel momento Ministro de Seguridad y Justicia); el Ministro de Salud de la
Provincia, Alejandro Collia; el Secretario de Gestión Pública de la
Municipalidad de La Plata, Enrique Sette; y el Jefe de Gabinete municipal,
Santiago Martorelli.
El tenor de las imputaciones que se le hacen a cada uno está
relacionado con el rol que tuvo cada funcionario, tanto previo, como durante y
después de los hechos ocurridos el 2 y 3 de abril. En el caso del Gobernador
Daniel Scioli, se lo imputa principalmente bajo el encuadre de “infracción de
deber” por los delitos de homicidio, abandono de personas, violación de los deberes del funcionario
público y estrago en concurso real.
ANEXO: Detalles de la
presentación
En la presentación se considera que los “hechos criminales” se suceden
en tres momentos: 1- acciones y omisiones llevadas adelante con anterioridad al
día 2 de abril de 2013; 2- hechos ocurridos el 2 y 3 de abril; 3- hechos
ocurridos con posterioridad al 2 y 3 de abril.
En el primer caso (previo a la tragedia) se parte de que “las
autoridades municipales y provinciales tenían en su poder pleno conocimiento de
que existían condiciones de posibilidad para que se realice lo que finalmente
ocurrió y para evitarlo resultaba necesario el despliegue activo de distintas
esferas
del Gobierno provincial y municipal, para llevar adelante las obras
hídricas–hidráulicas solicitadas, diseñar un plan de contingencia, y una serie
de medidas para las cuales resultan necesarios los recursos materiales y
humanos del Estado provincial y municipal”.
La prueba de esto son los informes previos de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP) y de expertos en la materia que se habían realizado en
virtud de las inundaciones previas (2002, 2005 y 2008); el decreto 486/08 que
Daniel Scioli dictó por el cual se declara el Estado de Emergecia Hídrica en
diversos partidos de la Provincia, entre los cuales se encontraban La Plata,
Berisso y Ensenada; y el amparo presentado tras la sanción del Código de
Ordenamiento Urbano (COU) por el Concejo Deliberante platense, que dilató por
varios meses su aplicación.
En cuanto al segundo momento, durante los hechos ocurridos el 2 y 3 de
abril, se destaca la ausencia total de un plan de contingencia, razón por la
cual la mayoría de los vecinos se tuvo que autoevacuar. “La capacidad de
respuesta frente a las inundaciones puede ser incrementada con la
implementación un plan de contingencias climáticas y sociales que incluya
sistemas de alerta temprana, modificaciones en la red de estaciones de
observación meteorológica, planes de evacuación y reconstrucción, y otras
medidas preventivas, como elaboración de mapas de riesgo, que puedan tener un
rápido impacto en la reducción de pérdidas tanto humanas como materiales”, se
destaca en la presentación. Las abogadas patrocinantes aseguran que la falta de
este plan de contingencia tuvo consecuencias fatales en al menos 11 casos.
Por último, en cuanto a los hechos ocurridos con posterioridad al 2 y 3
de abril, a los que también se les atribuye consecuencias fatales, se destaca que
la respuesta del Estado a través del Comité de Crisis tuvo como principal eje
la militarización de la ciudad con cientos de gendarmes y efectivos policiales,
y no la implementación de medidas que hubieran podido salvar vidas y aminorar
las consecuencias sanitarias: un plan sanitario acorde a la situación, convocatoria
a médicos de otros hospitales de la provincia, otorgamiento de recursos para
asistir a los damnificados, designación de psicólogos para brindar asistencia, realización
de un censo sanitario poblacional, entre otras medidas.
Según se indica en la presentación, estas omisiones estuvieron
directamente vinculadas a la causal de muerte en al menos 10 casos.
